Martes, 18 Abril 2017 22:36

FINJUS reitera la importancia de ampliar discusión sobre Ley de Partidos

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SANTO DOMINGO.-La Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS), en respaldo del fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país, ha considerado oportuno plantear algunas observaciones en torno al Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas reintroducido por la Junta Central Electoral al Senado de la República, cuya discusión está siendo conocida por la Comisión Bicameral.

Desde hace varios años, se han aunado esfuerzos para poder llegar a consensos que doten a nuestro ordenamiento jurídico de una norma que regule y reoriente el sistema de partidos. En ese orden, la FINJUS ha subrayado una serie de puntualizaciones de primera importancia y las ha presentado al Senado de la República, al considerar que éstas pudieran optimizar la propuesta legislativa presentada por la JCE.

Básicamente, hemos hecho hincapié en los temas del financiamiento público y privado, la democracia interna de los partidos, la garantía de la participación política de la mujer, el establecimiento de un régimen de incompatibilidades, la publicidad y la transparencia en el manejo de los fondos. Los temas anteriores son, a nuestro juicio, algunos de los ejes centrales que darían lugar a un mejoramiento eficaz del sistema de partidos políticos.

En el aspecto de la democracia interna, hemos incluido la sugerencia de impulsar la alternabilidad en los organismos de dirección de las organizaciones políticas. Asimismo, en cuanto al orden democrático interno en relación con las mujeres, consideramos oportuna la prohibición expresa de que, ante la renuncia de una candidata a un puesto de elección popular, ese puesto debe ser ocupado obligatoriamente por otra mujer, consagrando así el principio de igualdad real.

De igual manera, como requisitos básicos para proponer candidaturas con altos parámetros de transparencia, estamos proponiendo que quienes se presenten como candidatos a cargos de elección popular deban presentar una certificación de pago de impuestos y una declaración jurada de bienes, instaurando así la posibilidad de tener un régimen de incompatibilidades de forma expresa en la norma. Igualmente, sugerimos establecer la prohibición de ser alto directivo de una organización política y, a su vez, ocupar un alto puesto en el seno de la administración pública.

En cuanto al financiamiento público, en grandes rasgos, estamos proponiendo que la distribución del fondo global sea de la siguiente forma: el cuarenta por ciento (40%) del total se reparta equitativamente entre los partidos políticos y el restante sesenta por ciento (60%) se distribuya en base a los votos válidos obtenidos por cada organización, dando lugar a contiendas electorales más justas y equilibradas. Además, sugerimos que los fondos públicos no puedan ser utilizados para gastos de campañas electorales, sino para los fines que propone el proyecto de ley de partidos presentado por la JCE, que son los rubros de educación interna, gastos 

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